FAQS

La LGD, anteriormente conocida como LISMI, es una ley que obliga a las empresas de más de 50 empleados a contratar a un porcentaje mínimo de personas con discapacidad, promoviendo su inclusión laboral.

Todas las empresas públicas y privadas en España que cuenten con 50 o más empleados están obligadas a cumplir con esta ley.

La LGD establece que el 2% de la plantilla en empresas de 50 o más empleados debe estar formada por personas con discapacidad.

La LGD considera una discapacidad igual o superior al 33% reconocida oficialmente por el órgano competente.

La empresa debe presentar un certificado de la plantilla con las personas con discapacidad contratadas, emitido por las autoridades laborales.

Si una empresa no cumple, puede enfrentarse a sanciones y multas. También puede perder la elegibilidad para ciertas subvenciones y beneficios públicos.

Sí, existen medidas alternativas, como la contratación de servicios con centros especiales de empleo o la donación a fundaciones que promuevan la inclusión laboral.

La empresa debe solicitar autorización de la medida alternativa a la autoridad laboral competente y justificar su imposibilidad de contratar directamente.

Se calcula sobre el total de la plantilla. Si es un número fraccionado, se redondea al siguiente número entero.

El perfil depende de las necesidades de la empresa y del puesto a cubrir. Existen entidades especializadas en asesorar sobre perfiles adecuados.

No, sus derechos y deberes son los mismos que los de cualquier otro empleado en la empresa.

Sí, existen incentivos y subvenciones que el gobierno ofrece a empresas que contraten a personas con discapacidad, como bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.

Las adaptaciones incluyen modificaciones físicas, tecnológicas o de organización para facilitar la inclusión de la persona con discapacidad en su puesto.

Un técnico en accesibilidad o un especialista en inserción laboral puede evaluar y proponer las adaptaciones necesarias.

Además de cumplir con la ley, las empresas pueden beneficiarse de incentivos fiscales y mejorar su imagen corporativa y responsabilidad social.

Sí, pero el contrato de la ETT debe cumplir con los mismos requisitos de inclusión laboral que exige la LGD.

Los centros especiales de empleo son organizaciones donde al menos el 70% de la plantilla tiene discapacidad y están pensados para facilitar la inclusión en el mercado laboral.

Existen portales de empleo, servicios de empleo regionales y fundaciones que ayudan en la selección de candidatos con discapacidad.

Se necesita presentar el certificado de discapacidad de los empleados contratados y, en su caso, la resolución de la autoridad laboral para medidas alternativas.

La LGD promueve la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad, permitiéndoles participar plenamente en el entorno laboral y mejorar su calidad de vida.